Por Gustavo R. Daleo (*)
Hace unos días el sitio web del diario La Capital de Mar del Plata registró una noticia que mencionaba que la Universidad de Harvard figuraba en primer lugar en un listado publicado por la empresa USNews, que se encarga de calificar instituciones educativas de todo el mundo según una serie de indicadores y criterios y elaborar una escala descendente según las calificaciones obtenidas.
Son varias las empresas que se dedican a elaborar estos ordenamientos, coloquialmente conocidos como rankings, a los que nos referiremos más adelante. Me interesa, en primer término, mostrar algunos hechos sobre la mencionada Universidad de Harvard.
Es difícil encontrar opiniones fundadas que no la consideren entre las más prestigiosas del mundo, sean cuales fueren los criterios para calificarla, de modo que su prestigio es bien merecido. Veamos con qué recursos lo consigue. Las universidades estadounidenses publican todos los años su reporte financiero. En el último de Harvard puede verse que el presupuesto 2020 fue de 5.400 millones de dólares (no hay error, cinco mil cuatrocientos millones), de los cuales el 37% (dos mil millones) provino de intereses de la dotación financiera (endowment fund), un fondo que todas las Universidades tienen, originado en donaciones y que, según la empresa USNews, el de Harvard es el mayor del mundo: 41.900 millones de dólares. Este fondo es invertido en el mercado y los intereses producidos (7,3% en este caso) se utilizan para reforzar el presupuesto operativo y para incrementar el mismo fondo. Es interesante comparar la magnitud de ese fondo con la de las reservas de muchos países, incluido el nuestro.
Volviendo al presupuesto anual de esa Universidad, la cifra total se alcanza con los ingresos por aranceles (mil cien millones, el 17%), subsidios de investigación (17%), donaciones (9%) y fuentes no académicas (20%). Harvard tiene una población de aproximadamente 21.200 estudiantes, 4.600 docentes investigadores y cobra un arancel promedio (no es el mismo para todas la carreras ni para todos los años) de 50.000 dólares al año, de modo que es inmediato el resultado de 1.100 millones ya mencionado.
Toda esta información es interesante en sí misma, pero quiero destacar lo absurdo que resulta comparar instituciones sin tomar en cuenta, por ejemplo, los recursos de que disponen para cumplir sus funciones de enseñanza, investigación y extensión. Todo el sistema universitario público argentino, que atiende unos 2,3 millones de estudiantes, es financiado con menos de 1.500 millones de dólares (222 mil millones de pesos, según la ley de Presupuesto 2021), un 30% de lo que gasta Harvard para un número de estudiantes cien veces menor. Por supuesto, el número de estudiantes se menciona aquí para simplificar, ya que es necesario consignar la inversión en investigación, que es financiada en las Universidades nacionales no sólo con el presupuesto universitario sino también por el CONICET y la ANPCyT.
Volvamos ahora a los rankings. USNews, que coloca a Harvard en el primer lugar, utiliza indicadores basados casi exclusivamente en investigación (1). Cabe aclarar que, como criterio de admisión para figurar, es necesario que la institución haya efectuado más de 1.250 publicaciones entre 2014 y 2019, para el último ranking publicado. En total, se califica a 1.748 instituciones de todo el mundo, 89 de las cuales son de Latinoamérica. La UBA figura en el lugar 378, la UNMdP en el 1.344 y vale la pena mencionar que no figura ninguna Universidad privada argentina, sí de otros países.
Otras organizaciones cuyos resultados suelen difundirse habitualmente son QS (Quacqcuarelli Symonds Ltd.) y SCImago. QS basa su calificación principalmente en la Reputación de la institución, valorada a través de encuestas (2). Me encuentro entre los que son convocados cada año para emitir opinión, invitación que declino sistemáticamente por estar en desacuerdo con esta forma de evaluar. No expresa ningún criterio de admisión. La UBA figura en el lugar 69 y la UNMdP entre el 1.000 y 1.200.
SCImago consigna otorgar un peso del 50% a la investigación, desagregado en múltiples indicadores bibliométricos (3). Para incluir una institución, se requiere que tenga al menos 100 publicaciones indexadas durante el último año (menos de la mitad que USN). Ubica a la UBA en el lugar 529 y a la UNMdP en el 769.
Existen otras organizaciones, a las que no me referiré, que en general combinan, otorgándoles diferente relevancia, la mayoría de los indicadores mencionados.
¿Quién puede estar en contra de impartir Educación Superior de la más alta calidad posible? Pero la calidad no es un atributo universal sino vinculado a cada sociedad de acuerdo con sus peculiares características. La aplicación de supuestos modelos “globales” de calidad o “rankings” basados en dicho fundamento es un instrumento para llevar a nuestros países a adoptar modelos de Educación Superior que son ajenos a sus realidades sociales y culturales.
El punto que quiero destacar es cuán arbitrario y contrario a la intuición es calificar numéricamente creaciones de la mente humana, cómo se asigna valor a mediciones que, en lugar de evaluar lo que es pertinente, se basan en lo que se puede medir. Los graduados de la Universidad pública argentina se insertan exitosamente en instituciones de todo el mundo. Quiero advertir además sobre lo pernicioso que es adoptar una actitud de subordinación a reglas y evaluaciones basadas en intereses económicos, que ponderan lo cuantitativo sobre lo cualitativo, permiten compensar lo que resulta de aplicar pautas más o menos objetivas (número y calidad de publicaciones, considérese o no un indicador de excelencia) con subjetivas (prestigio, cualquiera sea el criterio para definirlo), que llevan a la destrucción de la identidad cultural, al dejar en otras manos qué y cómo se debe enseñar en la Universidad.
¿Es tan difícil advertir que detrás de esta forma de evaluar está la intención de la OMC de incorporar la educación superior a los servicios transables? Esta intención ni siquiera se pretende ocultar, pero todos los días se van perdiendo batallas. En 1995, al firmar el Acuerdo General de Comercio y Servicios (GATS), los países de la OMC acordaron la liberalización progresiva de los servicios. Aprobada ese mismo año, la Ley de Educación Superior, en su Artículo 2, se refiere a “la prestación del servicio de carácter público”, es decir, a la educación superior como servicio y no como un derecho; en otros artículos se menciona la “oferta” y la “demanda” educativa. En 2002, 144 países, entre ellos la Argentina, aceptaron incorporar la educación superior al Acuerdo General de Comercio y Servicios. Se presiona con argumentos falaces a las Universidades para que reduzcan el número de horas en las carreras de grado, empobreciéndolo.
Por fin, con el argumento del colonizado afirmando que, adecuados o no, los rankings existen, cada vez más integrantes de la comunidad universitaria expresan su satisfacción porque nuestra Universidad escaló algún puesto en alguno de los rankings mencionados o, peor aún, se adelantó en el listado a alguna institución hermana. De nada sirve a continuación declamar que la educación es un derecho. Para ser coherentes hay que atreverse a decir que no a la avanzada para la mercantilización del conocimiento, de la cual forman parte fundamental estos rankings.
(*) Profesor Emérito FCEyN, UNMdP